Cuando la Justicia camina en contramano

En democracia, la crítica es saludable. Más aún cuando proviene de quienes tienen la enorme responsabilidad de impartir justicia. Pero esas críticas pierden fuerza cuando los hechos muestran lo contrario de lo que se predica.

En los últimos días, desde algunos tribunales se levantaron voces cuestionando con dureza el accionar de la Policía y del Ministerio Público Fiscal, tildando de inconstitucionales ciertos procedimientos. Hasta ahí, podría interpretarse como un debate jurídico válido.

Lo preocupante es que, mientras se descalifica públicamente la tarea policial, en los tribunales se observa una dinámica que genera dudas: en tiempo récord se otorgan libertades a personas sorprendidas en flagrancia o registradas en video cometiendo delitos. Estas decisiones, tomadas por algún juez y muchas veces justificadas bajo el argumento de ‘no tener antecedentes’, dejan la sensación de que el sistema termina favoreciendo a los delincuentes más que a quienes cumplen la ley.

¿Qué mensaje recibe entonces la sociedad? Que quien roba por “primera vez” tiene una especie de salvoconducto. Que las imágenes de un hecho delictivo no bastan. Que todo el esfuerzo de una investigación policial se diluye en un expediente.

No se trata de desconocer las garantías constitucionales ni de minimizar la importancia del debido proceso. Se trata de preguntarnos si la vara con la que se mide la legalidad está en sintonía con lo que reclama la gente: vivir con seguridad y confiar en que la Justicia acompañe a las víctimas, en lugar de dar señales de impunidad.

Cuando ciertos sectores judiciales caminan en contramano de ese reclamo social, lo que se erosiona no es solo la relación entre tribunales y fuerzas de seguridad. Lo que se debilita es la esperanza de que la Justicia sea realmente un lugar de amparo, y no un espacio donde las víctimas terminan resignándose.