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La Cocha: Acusan a un hombre de estafar a un corralón con cheques sin fondos

El Ministerio Fiscal le adjudicó al sujeto de 40 años dos operaciones con cheques electrónicos a nombre de una empresa fantasma, perjudicando al local comercial por una cifra superior al millón de pesos.
La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, subrogada por José Sanjuan, solicitó una audiencia en el marco de una causa en la que se investiga un estafa perpetrada por un hombre de 40 años a un corralón ubicado en la ciudad de La Cocha. Operando con cheques electrónicos diferidos, realizó dos compras durante los meses de marzo y abril de este año, causándole un perjuicio económico al local por una cifra superior al millón de pesos.
Según la acusación realizada por el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez, el 14 de marzo se hizo presente en el comercio sito en calle Rivadavia al 400 donde compró cuatro chapas galvanizadas, un rollo de aislante de 20 metros, siete placas de telgopor, siete perfiles galvanizados, tres perfiles tipo T galvanizados y un lápiz de carpintero, por la suma total de $487.000 entregándole a la víctima en forma de pago un e-chek de un banco por el valor de la compra y con fecha de pago al 21 de marzo, sabiendo que la misma se trataba de una empresa “fantasma” o empresa “pantalla”, con cuentas bancarias creadas para cometer operaciones ilegales, y que a la fecha de cobro la cuenta corriente en cuestión no tendría fondos para ser cobrados ni tampoco autorización para girar en descubierto.
Luego, el día 10 de abril, acudió nuevamente al local comprando una bomba periférica, una amoladora, dos kilos de electrodos y un kilo de clavos, por la suma total de $600.000, abonando nuevamente con un e-chek bancario, emitido por otra empresa fantasma.
Por estos dos hechos el sujeto fue imputado por el delito de estafa en calidad de autor.
Durante la audiencia, el representante del MPF mencionó que las defraudaciones imputadas tendrían relación con otra causa por estafas millonarias cuya causa también fue tramitada por la misma fiscalía por hechos cometidos el año pasado y cuyas víctimas fueron comercios del sur de la provincia.
Para resguardar el proceso, por pedido del Ministerio Fiscal se le impuso al imputado medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de seis meses.

