Caso Betty Argañaraz: Acosta podría recuperar la libertad

A casi 17 años del crimen de Beatriz Argañaraz, asesinada en julio de 2006, sus asesinos Susana Acosta y Marcos Daniel Fernández (su identidad en el momento del hecho era Nélida Fernández), condenados en 2009 como coautores del crimen, solicitaron en audiencias particulares la libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su sentencia. La jueza Ana María Iácono le concedió a Acosta dicho beneficio, mientras que el juez Gonzalo Javier Ortega rechazó el pedido de Fernández

En diálogo con La Gaceta, Liliana Argañaraz, hermana de la víctima, y Soledad Deza, la abogada defensora de Acosta y Fernández, dieron su punto de vista sobre la situación procesal de las imputadas.

Liliana expresó su disconformidad al enterarse de que la Justicia tucumana le otorgó la libertad condicional a Acosta y manifestó tener miedo por lo que pueda llegar a ocurrir. “Están liberando a una asesina, tengo miedo de encontrarla en la calle y de que pueda pasarle algo a mi familia. No cambiaron; son las mismas personas que mataron a mi hermana”, expresó.

Además, dijo que la jueza Iácono fue beneficiosa con Acosta y cuestionó su decisión de desestimar su informe psicológico. “Entiendo que tienen sus derechos, pero también creo que los magistrados tienen una responsabilidad con la sociedad al decidir quién puede salir a la calle. La jueza desestimó el informe psicológico, a pesar de que indica claramente que no está en condiciones de salir y que puede ser reincidente, ya que considera que puede continuar con el tratamiento desde su casa. Algo muy distinto a lo que hizo el juez Ortega con Fernández al explicar que no es posible otorgarle la libertad condicional hasta que no se enfrente a lo que dictaminó la justicia y a trabajar ante el delito cometido y ante el arrepentimiento”, dijo.

Deza, por su parte, reflexionó acerca de la decisión de Iácono de desestimar los informes psicológicos y apuntó contra el accionar del juez Ortega. “Esos informes en vez de evaluar la adherencia al tratamiento integral penitenciario, evaluaron su implicancia subjetiva respecto del delito, que significa exigirle a la interna que reconozca el delito que ha cometido, y se arrepienta del mismo, algo que es inconstitucional”, dijo. “La defensa planteó eso en ambas circunstancias; la jueza Iácono tomó ese cuestionamiento, llamó a todos los psiquiatras y psicólogos que participaron, y cuando comprobó que lo que se exigía era el arrepentimiento, se apartó de esos informes. Distinto a lo que pasó con el juez Ortega, que no analizó nada y rechazó el pedido; no ahondó de manera interdisciplinaria en el concepto de implicancia subjetiva ni tampoco revisó los antecedentes jurisprudenciales que aportamos”, explicó.

Para Liliana, la decisión de los jueces ya estaba tomada de antemano y fue totalmente arbitraria. “Creo que quizás los tiempos dentro del penal presionaron a Iácono y por eso tomó esa decisión, pero el auxiliar fiscal Gonzalo García impugnará la medida”, dijo. Y agregó: “Hasta el último aliento tienen que pagar todo lo que nos hicieron sufrir, sobre todo a mi madre, que se murió llamando a su hija. No podemos concebir que haya pasado hace tantos años y nosotros sentimos que pasó ayer, lo revivimos todo el tiempo. “Betty” no puede quedar sola, no la voy a dejar”.