Se descubrió que el rodado tenía un pedido de secuestro en relación con un robo con arma de fuego ocurrido recientemente. La víctima fue contactada a través de Facebook por los estafadores, quienes intentaron venderle el vehículo. El MPF formuló cargos y solicitó medidas para cautelar el proceso .
El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la propiedad de Monteros, que conduce Mónica García de Targa
Durante una audiencia realizada esta mañana, el auxiliar de fiscal Bernardo Sassi, imputó a los dos sospechosos, un hombre de 30 años y otro de 28, por el delito de encubrimiento por receptación dolosa.
Según la acusación, durante el periodo del 22 de abril al 1 de mayo de 2024, los acusados adquirieron una motocicleta, con conocimiento pleno de que la misma provenía de un delito. A través de un grupo de compraventa en Facebook, ofrecieron la misma para la venta. Luego acordaron encontrarse con un comprador el 1 de mayo en Famailla para realizar la transacción. Sin embargo, al llegar al lugar convenido, fueron arrestados por la policía local debido a un pedido de secuestro vigente sobre la motocicleta, relacionado con un robo con arma de fuego ocurrido el 22 de abril, siendo secuestrado el vehículo y la documentación.
Posible organización
Otro punto tratado en la audiencia es que por parte de la fiscalía existe la sospecha de que ambos imputados podrían integrar una organización criminal dedicada al robo y posterior comercialización de motocicletas. Así lo manifestó el auxiliar Sassi, quien en ese sentido indicó que el vehículo fue robado en San Pablo a su dueño por cuatro sujetos que se movilizaban en un automóvil y que luego de ello, la moto fue puesta a la venta en facebook a través de un perfil de una mujer, siendo una identidad distinta a las de los acusados que pretendían comercializarla.
Además, sostuvo que al momento de realizar la transacción, los sospechosos contaban con un formulario 08 firmado por una persona distinta al titular de la moto, una certificación notarial de firma y una cédula de identificación del vehículo, documentación que estaba adulterada.
En virtud de esto, se solicitó la prisión preventiva de los acusados por dos meses al considerar que existen riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. “Estamos tratando de establecer si este hecho y los imputados podrían tener relación con la existencia de una banda organizada dedicada a todo el circuito ilícito de sustracción de los vehículos, oferta y posterior comercialización con documentación apócrifa”, expresó el investigador.
Sobre este punto, el juez interviniente concedió parcialmente la medida cautelar imponiendo la prisión preventiva por 30 días a uno de los imputados (tiene
antecedentes penales), mientras que al otro se dictaron medidas de coerción de menor intensidad a los fines de avanzar con la causa.
