Un hombre que se hizo pasar como juez y/o fiscal estafó a varios familiares de presos en la comisaría de la localidad tucumana de Simoca pidiendo una suma de dinero a cambio de lograr el arresto domiciliario. Mientras su busca al falso funcionario judicial, se abrió una investigación para determinar la negligencia o complicidad del personal policial al entregar los datos de los detenidos.
En una hábil maniobra, un sujeto que se hizo pasar como juez logró obtener los datos de las personas detenidas en la comisaría de Simoca para luego cometer estafas virtuales, en las que obtuvo más de 400.000 pesos por parte de familiares de los presos, a quienes les prometía que obtendría el beneficio del arresto domiciliario y hasta desvincularlos de las causas en que se encuentran imputados.
Según trascendió, todo ocurrió en un lapso de pocas horas, cuando el falso funcionario judicial se comunicó con la seccional de esta localidad del sudeste tucumano, consiguiendo con la oficial de guardia le entregara los contactos de las familias de los 11 detenidos, luego que la joven mujer policía consultara a sus superiores y recibiera el visto bueno.
Con los datos, inició las estafas virtuales, en la que, si bien la mayoría rechazó el “ofrecimiento”, en al menos tres casos logro que le depositaran distintas sumas en su cuenta bancaria, prometiendo que los presos accederían al arresto domiciliario, pese a que algunos de ellos están acusados de delitos graves, tales como abuso sexual.
De acuerdo a la investigación, el desconocido dijo ser el juez Mario Alejandro Martínez y al comunicarse la comisaría de Simoca le pidió a la oficial de guardia que le entregara la nomina de los presos y los números de teléfono de sus familias, en un plazo perentorio de una hora. Entonces, la joven policía comunicó la novedad a sus superiores y recibió la orden de suministrar esa información, que luego le dio al estafador.
A los pocos minutos, allegados a los detenidos comenzaron a recibir los llamados de quien dijo ser un fiscal, a cargo de las causas en que están imputados, “ofreciendo el arresto domiciliario a cambio de una transferencia de 500.000 en cada caso”. Muchos de los que iban a ser damnificados se negaron a la “negociación”, pero otros accedieron y así giraron sumas inferiores, cayendo en la trampa.
Entonces, cuando no se produjeron las “novedades esperadas”, esos familiares contaron lo sucedido a sus abogados y allí fueron advertidos que se trataba de una maniobra delictiva, una de las modalidades de estafa virtual poco conocida, pero que tendría algunos antecedentes.
Tras las denuncias de las víctimas, se abrió una investigación tendiente a identificar al hombre que logró engañar a las familias de los presos, al mismo tiempo que se notificó de lo ocurrido al Ministerio de Seguridad de Tucumán, ante el accionar negligente del personal policial que entregó los datos, sin descartarse cierta complicidad.
