Imputaron a una mujer trans por entorpecer el normal funcionamiento de la Justicia y de la Asistencia Pública

Se le sumó también el delito de exhibicionismo. Posee numerosas causas en trámite y ya fue condenada en tres oportunidades. Prisión preventiva por cuatro meses.

Una mujer trans de 33 años, identificada como “Celeste”, fue imputada este miércoles 28 de octubre por el Ministerio Fiscal a través de la Unidad Criminal I, al mando de Mariano Fernández. En representación de la UFI, participó el auxiliar de fiscal Elías Acuña quien le endilgó tres hechos que afectaron el normal funcionamiento de la Justicia y de la asistencia pública (ver aparte).
Acuña pidió la prisión preventiva por el término de cuatro meses (por los riesgos de fuga, falta de arraigo, y de entorpecimiento). “Existe un sistemático riesgo por parte de la imputada para la administración pública, el servicio de justicia y la fuerza de seguridad, en lo que respecta a todos los empleados que componen dichos organismos. No tan sólo hay denuncias de los empleados policiales sino también de la directora de la Asistencia Pública y de la Secretaría de Superintendencia de la Corte. Los hostigamientos en cada una de estas reparticiones atentan contra el normal funcionamiento de esos servicios”, comentó el investigador quien mencionó que posee causas en trámite y recibió condena en tres oportunidades (en dos de ellas por robo). Por lo expuesto, la jueza actuante resolvió hacer lugar al planteo de la Fiscalía ordenando previamente, al traslado de “Celeste” al servicio penitenciario, que sea revisada en el Cuerpo Médico Forense y luego derivada al Hospital del Carmen (quienes determinarán el tratamiento y las condiciones para su alojamiento).
“La última evidencia que tenemos en relación a la acusada es el informe de una Junta Médica que determinó que tiene un trastorno de personalidad pero eso no incide en su capacidad psiquiátrica y mucho menos en sus actos. Entendemos que se debe garantizar el tratamiento psicológico que requiera y psiquiátrico pero con prisión preventiva”, afirmó el Auxiliar de Fiscal.

Primer hecho: Perturbación al normal funcionamiento de la Justicia

Los días viernes 9 y sábado 17 de octubre del corriente año, en horario de la mañana, la imputada se apersonó en el Palacio de Tribunales de la provincia, sito en pasaje Vélez Sarsfield 450, donde saltó una reja perimetral en dirección hacia la ventana del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la Segunda Nominación perturbando el normal funcionamiento del servicio de justicia, ya que allí es parte del presente proceso sobre capacidad, expediente que se encuentran en trámite en este Juzgado. Ante ese accionar, personal policial debió intervenir de manera inmediata para lograr contenerla y retirarla del lugar.

Segundo hecho: Exhibicionismo y resistencia a la autoridad

El miércoles 7 de octubre de 2026, a las 11:30 horas aproximadamente, en la intersección de pasaje Vélez Sársfield y calle 9 de Julio de la ciudad de San Miguel de Tucumán, la acusada transitaba en la vía pública con la parte superior de su vestimenta descubierta, exhibiendo sus senos de manera pública en contra de la voluntad de terceros y transeúntes que se encontraban en el lugar. Ante la intervención de integrantes de la guardia de tribunales y del distrito urbano, con el propósito de solicitarle que deponga su actitud y se retire, la imputada empezó a agredirlos físicamente arrojándoles piedras y objetos contundentes mientras los amenazaba al grito de que los iba a cortar, agarrarlos en calle y que los iba a matar. Hasta que, finalmente, el personal policial logró reducirla y aprehenderla.

Tercer hecho: Insultos y amenazas

Los días 20, 21 y 26 de agosto del corriente año, la acusada se hizo presente en las instalaciones de la Asistencia Pública de San Miguel de Tucumán, ubicada en calle Chacabuco 239. En dichas circunstancias y en cada una de estas oportunidades, irrumpió en el sector de admisión y sala de espera alterando gravemente la tranquilidad del lugar, profiriendo gritos, insultos contra el personal de trabajo, los pacientes, y la directora del Centro Asistencial como así también amenazas de manera directa e intimidatoria con frases como: “Los voy a matar a todos si no me atienden”. Dicha conducta intimidatoria, generó un clima constante de zozobra, miedo generalizado y afectando severamente la normal prestación del servicio público de salud y la integridad física de quienes se encontraban cumpliendo funciones o requiriendo asistencia en el establecimiento.