Paro nacional de 72 horas: prestadores de discapacidad exigen que se trate una Ley de Emergencia

Profesionales de todo el país iniciaron una medida de fuerza para reclamar por el retraso en los pagos, la falta de actualización del nomenclador y el vaciamiento del sistema. El eje central del reclamo es que el Congreso trate una Ley de Emergencia en Discapacidad.

Este martes comenzó un paro nacional de 72 horas impulsado por prestadores del área de discapacidad de todo el país. La medida incluye movilizaciones, visibilización en redes y suspensión de atenciones en muchos centros e instituciones. El reclamo central es que se avance de forma urgente con una Ley de Emergencia en Discapacidad que permita sostener las prestaciones y garantizar derechos.

Psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos y transportistas denuncian una grave situación económica y estructural que pone en riesgo su trabajo y la continuidad de los tratamientos de miles de personas. Entre los puntos críticos se destacan: atrasos de hasta 3 o 4 meses en los pagos, falta de actualización del nomenclador desde diciembre de 2024, y recortes en las sesiones autorizadas por obras sociales.

Desde los distintos colectivos y agrupaciones de prestadores se hizo hincapié en que no se trata de una protesta aislada, sino de un grito nacional que refleja el vaciamiento de un sistema ya precarizado. “No damos más. Somos esenciales pero invisibles. La situación es insostenible”, expresaron desde varias organizaciones en redes.

Además, advirtieron que muchas familias quedan sin cobertura o deben afrontar de su bolsillo parte de las terapias, lo cual genera exclusión y vulneración de derechos. En muchos casos, los profesionales ni siquiera llegaron a cobrar los servicios brindados en diciembre de 2024.

El pedido es claro: que el Congreso nacional trate de inmediato una Ley de Emergencia en Discapacidad que reconozca la crisis del sector y garantice mecanismos de financiación justa, pagos en tiempo y forma, y actualización de aranceles que permitan trabajar con dignidad.