La lucha silenciosa de los prestadores: sin cobrar desde diciembre y con recortes que afectan a los niños

En medio del paro nacional por 72 horas, profesionales de la discapacidad enfrentan una situación crítica: pagos atrasados, recortes en sesiones y la necesidad de pedir dinero a los padres para sostener tratamientos.

Detrás de cada cartel de reclamo, hay una historia de resistencia silenciosa. La lucha de los prestadores de servicios vinculados a la discapacidad —psicólogos, fonoaudiólogos, terapistas, psicopedagogos, entre otros— no solo se trata de salarios: es una batalla diaria por sostener terapias vitales sin las mínimas condiciones laborales ni económicas.

En muchos casos, los profesionales no cobraron aún por los servicios prestados en diciembre de 2024. Otros sufrieron una irregularidad aún más grave: pagos salteados, como si meses completos hubieran desaparecido del sistema. Con una inflación creciente y sin actualización del nomenclador desde diciembre, esta situación los dejó al borde del colapso económico.

La realidad es tan dura que algunos se vieron obligados a pedirles a los padres —en su mayoría jornaleros o trabajadores informales— que colaboren con pagos voluntarios, para no interrumpir las terapias. Es una carga emocional enorme para ambos lados: los profesionales sienten que traicionan su vocación, y los padres deben decidir entre pagar o discontinuar el tratamiento de sus hijos.

Como si eso fuera poco, los recortes también se manifiestan en la práctica diaria: niños que tenían 8 sesiones al mes, ahora acceden solo a 4. Las consecuencias en su desarrollo son innegables. El paro de 72 horas no es una medida aislada, sino parte de un reclamo más amplio: que el Congreso trate de manera urgente la Ley de Emergencia en Discapacidad, para garantizar continuidad, derechos y dignidad tanto a los prestadores como a las familias.