El MPF formalizó la acusación en contra del oficial principal Jesús Ibáñez por la muerte del sargento Jorge Salazar, hecho ocurrido en la madrugada del lunes pasado en la Patrulla de Delitos Rurales y Ambientales en esa localidad. La víctima falleció de un disparo en el abdomen. El acusado quedó detenido con prisión preventiva.
Por requerimiento del Ministerio Público Fiscal, este miércoles 24 de abril, se llevó a cabo una audiencia multipropósito para formular cargos y pedir medidas de coerción en contra del efectivo policial Jesús Salvador Ibáñez, en el marco de la investigación en la que se busca determinar la responsabilidad que le cabe en el hecho de sangre que ocurrió en la madrugada del lunes último en la ciudad de Simoca, donde falleció producto de una herida con arma de fuego, el sargento Jorge Omar Salazar, de 41 años.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal en Delitos contra la Propiedad e Integridad Física de Monteros, que dirige Mónica García, que en la audiencia estuvo representada por el auxiliar Bernardo Sassi. Durante la misma, el investigador imputó a Ibáñez por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Según la teoría del caso elaborada por la fiscalía, el domingo pasado el acusado, que se desempeña como segundo jefe de la Patrulla de Delitos Rurales y Ambientales de esa localidad, estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas con la víctima desde la tarde y hasta la madrugada siguiente en dicha dependencia. En esas circunstancias, alrededor de las 4.00 horas del lunes, salieron de la base policial y abordaron un automóvil Chevrolet Celta que era conducido por Salazar, siendo que en calle San Miguel al 100, entre Ricardo Rojas y Presidente Perón, Ibáñez sacó una pistola y le efectuó un disparo con orificio de entrada en la zona derecha del abdomen y orificio de salida en el muslo inferior izquierdo.
Prisión preventiva
Luego de relatar el hecho y las circunstancias del mismo, desde la fiscalía solicitaron la prisión preventiva del imputado por seis meses. El auxiliar Sassi sostuvo que se trató de un hecho grave en el que perdió la vida una persona. Además, pidió que se valoren las circunstancias en que se produjo esa muerte, siendo que los involucrados son integrantes de la fuerza policial que estaban en el momento del hecho en su puesto de trabajo y consumiendo bebidas alcohólicas. En este sentido, indicó que en la causa restan pruebas por producirse y que el acusado, en su carácter de superior, podría influir sobre testigos presenciales del hecho, por lo que resulta necesario que permanezca privado de la libertad. Dicho requerimiento fue avalado de forma parcial por el juez interviniente, que ordenó la medida cautelar por el plazo de 60 días mientras avanza la investigación.
