Manejaba fondos de inversiones. Las medidas fueron supervisadas por el fiscal de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF, Mariano Fernández. En distintos inmuebles, de calle Lamadrid, se secuestró documentación importante. Se busca dar con el paradero del dueño de la empresa.
Este jueves, 16 de mayo, por pedido de la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF se realizaron ocho allanamientos en simultáneo por una causa donde se investiga al dueño de una financiera. De las tareas participó el fiscal a cargo, Mariano Fernández, acompañado de la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, junto al personal del Departamento de Inteligencia Criminal de la policía. En un edificio de calle Lamadrid al 400, donde funcionaban dos oficinas, se secuestró documentación relacionada a la empresa, cheques y recibos a nombre de las víctimas (que serían alrededor de 50). En tanto, se constató que las cajas fuertes estaban vacías. En el domicilio de su ex esposa se halló un teléfono celular y en el de su madre mucha documentación que había sido retirada de las oficinas. Por último, en el estudio contable (de Lamadrid al 300) también se secuestraron papeles de interés.
El inicio de la estafa
La presente causa se inició formalmente por una denuncia policial realizada el 1 de diciembre del año pasado. Con posterioridad, se sumaron otras, todas con similares características siendo coincidentes los denunciantes en manifestar que en el período de 2016 hasta diciembre de 2023 funcionó una financiera destinada a la gestión y otorgamiento de créditos a personas, gremios y municipalidades de todo el país, y la cual tenía asiento laboral en un piso del edificio ubicado en calle Lamadrid al 400 de esta ciudad capital. Se sospecha que el dueño junto a otros recibía dinero de inversores subscribiendo con ellos un contrato mutuo (que duraban de tres a seis meses). Según la última denuncia, del 26 de abril de este año, la financiera recibía capital en dólares y pesos de estos inversores colocándolos en una mutual con la finalidad de otorgar créditos a empleados públicos y dependientes del Poder Judicial de la provincia, luego las ganancias recibidas retornaban al inversor en forma de intereses, el cual si no se retiraba, se capitalizaba junto al capital de inversión. Esto se realizó con aparente normalidad hasta el mes de julio de 2023, en donde el sospechoso y su personal a cargo continuaron insistiendo en tomar fondos de inversores, a sabiendas que no podían hacer frente a todos esas obligaciones, por lo que comenzó a librar cheques sin fondos en una cuenta bancaria que se encontraba cerrada. Asimismo, dejó de enviar a sus inversores sus informes mensuales y les negó el retiro de dinero sin ninguna justificación. Posteriormente, desapareció dejando de contestar mensajes, llamadas o tratándolos de forma evasiva, incluso mintiendo en que ya no funcionaba dicha oficina, ocasionando de esta manera un grave perjuicio económico en todos los inversores.
